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la sostendrá hasta que se convoquen elecciones

El Consell colocará una gestora para evitar el cierre de la Cámara de Orihuela

6/10/2016 - 

VALENCIA. La Conselleria de Economía nombrará en los próximos días una gestora que garantice la continuidad de la Cámara de Comercio de Orihuela tras la renuncia en bloque de su cúpula. El departamento que dirige Rafael Climent, administración tutelante de las cinco cámaras de la Comunitat, cubrirá el vacío de poder hasta que se convoquen elecciones a la presidencia, un proceso que depende del Gobierno central -actualmente en funciones- y que aún puede demorarse meses.

El retraso en la celebración de los comicios ha sido precisamente uno de los motivos que ha pesado en la dimisión del presidente Félix Cerdán y todo su comité. Su mandato, como el del resto de presidentes camerales, está agotado desde hace más de dos años, pero el Ministerio de Economía no ha abierto todavía el proceso electoral.

La otra razón de peso que ha forzado el abandono de los responsables de la cámara oriolana son los problemas económicos que atraviesa. Según denunció Cerdán este miércoles, a la desaparición del recurso cameral permanente en 2010 -la cuota que las empresas pagaban obligatoriamente a las cámaras y que constituía su principal fuente de ingresos- se une una deuda de 400.000 euros del Ayuntamiento de Orihuela por servicios prestados pero no cobrados, explicó Cerdán a este periódico.

La razón por la que el Ministerio de Economía no ha convocado en plazo los procesos para renovar los mandatos de las cámaras de comercio tiene que ver con la reforma legislativa que se puso en marcha tras la eliminación del mencionado recurso cameral. Tras la aprobación en 2014 de la nueva Ley de Cámaras, correspondía a las comunidades autónomas adaptar su legislación a la nueva norma.

La Comunitat Valenciana ha hecho sus deberes a medias. El anterior Consell aprobó una nueva ley autonómica de Cámaras en el tramo final de la pasada legislatura, pero aún está pendiente de aprobar el reglamento que la desarrolla. Según aseguraron este miércoles fuentes de la Conselleria de Economía, se trata de asunto "prioritario" que se tramitará en breve.

Con todo, la Comunitat no es ni mucho menos la más rezagada. De hecho, si el Gobierno central aún no ha convocado las elecciones es porque todavía hay al menos media docena de comunidades que no han adaptado su normativa autonómica al nuevo escenario y no prevé hacerlo hasta entonces. De ahí que la gestora que se haga cargo de Orihuela pueda prolongarse sine die.

Una solución que evita el cierre 

Aunque Cerdán destaca la colaboración de la Conselleria de Economía, subraya que la lentitud para tramitar el reglamento ha jugado en su contra. Una de las funciones de esa norma es precisamente regular vías de ingresos alternativas a la desaparecida cuota cameral, como las encomiendas de gestión o los servicios de pago a empresas.

Jornada sobre exportación en el Consejo de Cámaras de la Comunitat

"El problema es la lentitud de las administraciones, no sólo la Generalitat, también las locales. Para que no se pierda la Cámara, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor era que se montara la gestora. Está hablado con el conseller", detalla Cerdán.

Aunque durante la reforma legislativa se cuestionó la necesidad de contar con cinco cámaras en la Comunitat -Castellón, Valencia, Alicante, Orihuela y Alcoi- los planes del actual Consell pasan no sólo por mantenerlas, sino por reforzar incluso el ámbito de influencia de las de Orihuela y Alcoi.

No obstante, los graves problemas económicos que atraviesan deja en el aire la consecución de esos planes. Sin ir más lejos, la plantilla de la cámara oriolana se ha ido reduciendo paulatinamente en los últimos años de 23 empleados a sólo uno, el secretario, que es el único trabajador que permanece tras la renuncia del comité.

Cerdán explica que la Cámara de Orihuela sobrevive gracias al respaldo económico del Consejo de Cámaras de la Comunitat, que a su vez ingresa anualmente 560.000 euros de la Generalitat para mantener sus estructuras, una cantidad al margen de los convenios que mantiene en áreas como turismo, comercio o internacionalización.

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