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el muro / OPINIÓN

ERE político

Las leyes y reformas que afectan a la sociedad civil en forma de ERE deberían ser aplicables a la clase política. La misma que se anota prebendas y cargos vitalicios con descaro.

11/02/2018 - 

Una vez en la vida, todos deberíamos ejercer algún tipo de labor social. Aunque sólo fuera durante un breve espacio de tiempo. La experiencia vale la pena. Si es anónima, todavía más. Si es dedicación exclusiva, a cambio de unos emolumentos que ayudasen a mantenernos, pero sin privilegios añadidos. Por ejemplo, participar en entidades sociales, sindicatos, comités de empresa, asociaciones profesionales y hasta políticas. Incluso ejercerla. Pero como tránsito, nunca como oficio. Soy de los que creen que el ejercicio de la política debería ser una dedicación temporal, simplemente una acción de servicio a la ciudadanía.

Así lo entiende, por ejemplo, el sistema norteamericano, pero también lo considera hasta Ecuador que acaba de aprobar una serie de normas para limitar la duración de los mandatos. “Los mandatarios somos meros transeúntes, nos tenemos que ir, nadie es indispensable”, confesaba el Embajador de Ecuador Cristóbal Roldán en una entrevista a Miguel Olivares.

Sin embargo, un par de páginas después también podía leer que nuestra cámara autonómica debatía sobre la situación de exPresident de la Generalitat, Francisco Camps, en el Consell Jurídic Consultiu. Lo hacía tras lo que hemos ido conociendo en el caso Gürtel y los amaños que se efectuaron con empresarios para financiar campañas políticas de los populares. Faltaba lo del circuito de la F1.

“Estoy muy contento en el Consell Jurídic y aquí quiero continuar”. Algo así fue la respuesta del expresidente después del chaparrón que le cayó y continúa cayendo y el que está por calarle hasta los tuétanos. Y tanto que está “feliz”.

Y es que aquí no dimite ni el más señalado. Ahí está en Consell Valencià de Cultura con otros dos miembros imputados que no saltan ni con salfumán. ¿Cómo van a hacerlo si esto de la política es una bicoca?

Miren si no. En el Ayuntamiento de Valencia, el alcalde, Joan Ribó, ha tenido que matizar una medida que quería aplicar para que los concejales pudieran seguir cobrando un sueldo dos años más en caso de perder su sillón. Dice que así se evitarían las puertas giratorias. Que lo intenten.

Cuando una empresa despide a un trabajador éste recibe una indemnización y luego una prestación según lo que haya adelantado al Estado. Antes lo han baldado. Es una cantidad ínfima para lo que ha cotizado, según esa reforma laboral que ha dejado este país hecho unos zorros.

Quizás el problema radique en la misma clase política que desde hace mucho tiempo ha ido moldeando y ajustando el Estado a su antojo hasta convertir el ejercicio público no ya en un servicio a la sociedad sino en un trabajo en sí mismo, y además eterno.

Conozco concejales/as y diputados/as cuyo primer trabajo y hasta único ha sido gozar del privilegio de pertenecer a unas siglas y ocupar despachos en ayuntamientos, cortes autonómicas. diputaciones, fundaciones u organismos autónomos ininterrumpidamente. Y allí continuarán mientras puedan ya que nunca han ejercido trabajo previo alguno. Ni sabrían realizarlo, seguramente. Hasta he leído perfiles en los que se decía: profesión; político. Luego se quejan de que las encuestas entiendan o consideren a la clase política como un club exclusivo de vividores del que desconfiar. No se asusten pero cerca de 400.000 personas en este país viven como nuevos ricos gracias a la política. Y con sus prebendas, por supuesto. Somos la vanguardia de Europa.

Tenemos un Senado que nadie sabe realmente a qué se dedica y que no sólo necesita una reforma sino hasta una disolución en forma de catarsis aristotélica. Allí, sin ir más lejos, sus señorías han destinado en el último año y medio a viajes institucionales fuera de España casi 350.000 euros. O sea, salen entre 1.000 y 2.000 euros al día esos desplazamientos tan importantes como desconocidos. Eso sin contar los 150 euros en concepto de dieta diaria por viaje, vuelos, alojamientos, obsequios y gastos de uso de la sala de autoridades de los aeropuertos. Por eso el Senado en la cámara de los dinosaurios con sesiones de control soporíferas que nadie controla y menos atiende pero que, de paso, sirven para justificar el plus de vivienda añadido que va en el sobre.  

El diputado de Podemos, Diego Cañamero, al que no tengo el gusto ni el disgusto y tampoco me sulibeya aseguró que había renunciado a los privilegios que le correspondían por ser diputado en el Congreso: esto es, seguro de vida por valor de 35.000 euros, tarjeta de taxi de 3.000 euros, tarjeta para viajar gratis por autopistas, otra para aparcar por la cara en el aeropuerto, pensión por jubilación que se ha quedado por “imperativo legal”, condición de aforado, entre otras virtudes más. Incluidos los Gin Tonics low-cost.

¿Cómo no va a estar cabreada la sociedad civil cuando le crujen a impuestos, se le persigue por una deuda nimia ante un banco, se le mete en el trullo por robar una gallina y comprueba como todos estos ocupan los informativos públicos para alardear de sus mentirijillas?

El problema ya no es lo que perciban por sus supuestos trabajos sino que los problemas reales de la sociedad continúan sin solucionarse. El servicio público y la dedicación a la que deben someterse no son reales. Luego está lo de la prescripción del delito, que por sí mismo ya es de delito.

No sólo hace falta cambiar la Constitución o la ley electoral sino el propio sistema para adecuarlo a nuestra realidad. Por eso no quieren. Y así nos va.

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