Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El máximo cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano de Francisco Camps que comienza el próximo lunes en la Audiencia Nacional y en el que se sentarán en el banquillo el ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla; el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa -absuelto junto a Camps en el juicio de los trajes-,; la mano derecha de éste en el PPCV, David Serra, y la exgerente del partido Cristina Ibáñez.
En un escrito enviado al juzgado al que ha tenido acceso Alicante Plaza se puede leer como el máximo responsable de la trama admite como su empresa Orange Market fue uno de los conductos para la entrada de dinero de los empresarios que se utilizó para pagar la campaña de 2007, así como que recibieron dinero negro del PPCV.
En el citado escrito, adelantado por El Plural, Correa admite que "es cierto que el pago de los servicios profesionales que se prestaron al PP de Valencia en campañas electorales y otros eventos se abonaron a Orange Market de tres maneras: mediante facturas correctas, mediante pagos en 'b' y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas".
Esta última afirmación es doblemente complicada para el Partido Popular, pues refrenda lo que los empresarios imputados, y que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía, admitirán la próxima semana.
Francisco Correa también explica que "el dinero 'B' de Valencia se trasladaba a Madrid. Existía una caja 'B' que la controlaba yo. A través de esta fue como Álvaro Pérez (el Bigotes) cobró durante un tiempo en 'B' hasta que se solucionaron sus problemas fiscales".
Esta confesión la hace Correa para "alcanzar una conformidad con la Fiscalía respecto de los hechos objeto de acusación en la presente causa", y añade: "Solicito que me sean acogidos los beneficios legales que ello conlleva, a partir de la aplicación de las oportunas atenuantes penológicas".
El cabecilla de Gürtel dice que la empresa Orange Market se creó porque dejaron de trabajar con el PP de la calle Génova, y que "Álvaro Pérez tenía un contacto que le presentó a Francisco Camps, entonces presidente de la Generalitat, quien le propuso hacer eventos para el PP de Valencia".
En su escrito dice que él se desvinculó de la empresa y que la controlaba José Ramón Blanco a través de la mercantil Hator Consulting SL, y que fue esta persona la que se ocupaba de la contabilidad, y que entiende que la ocultación de ingresos y la creación de facturas ficticias de gastos las realizaría él o una persona a su cargo.
El juicio que comienza el próximo lunes tendrá 22 sesiones repartidas en tres meses y es la tercera de las piezas referidas a Valencia dentro del caso Gürtel que será juzgada. Las dos anterior son la conocida como el caso de los trajes, en la que Camps y Costa fueron absueltos -Víctor Campos y Rafael Betoret fueron condenados mediante conformidad-, y Fitur, que supuso la primera gran condena para los cabecillas y que terminó con la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez condenada a nueve años de cárcel y el también popular Rafael Betoret, a seis.
En el banquillo se sentarán, además de los políticos anteriormente mencionados, otras 16 personas, entre las que destacan los empresarios que han admitido el 'dopaje' electoral del PP. Las penas a las que se enfrenta van desde los 27 años de prisión que se piden para Álvaro Pérez o los 24 años y 6 meses a los que se enfrentan los otros dos cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo, todos ellos en prisión tras la condena en la pieza de Fitur, a los 7 años y nueve meses que piden para Ricardo Costa, Rambla, Ibáñez y Serra.
